El Consejo de Ministros ha aprobado, en su primera reunión del año (11 de enero), el Plan Anual Normativo del Ejecutivo para 2022, la hoja de ruta pormenorizada de todo la previsión legislativa del Gobierno de coalición para los próximos 12 meses. En total, 368 disposiciones normativas (92 leyes y 276 Reales Decretos). Casi una nueva norma al día durante todo el ejercicio.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue el encargado de detallar este Plan en su comparecencia, junto a la portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros. “Es un trabajo conjunto, coral, de todos los ministerios, donde cada uno de ellos ha ido priorizando cuáles son las leyes, que en el ámbito de su departamento, se van a poner en marcha en el próximo año”, explicó.
“Que hayamos conseguido hacerlo en el primer Consejo de Ministros del año -añadió-da una clara idea de la planificación que tiene el Gobierno para este año, y de seguir ahondando en ese crecimiento económico y en esa mejora de las condiciones de vida de los españoles por los que trabajamos todos los días”.
El plan normativo es un instrumento de carácter obligatorio para todas las administraciones públicas, tal y como prevé el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Se elabora anualmente y es de carácter público. Su coordinación depende del Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo.
Esta Plan dota de transparencia la acción de gobierno, facilita el control del cumplimiento de los objetivos asumidos, favorece la participación ciudadana al hacer previsibles los plazos de tramitación y dota a los operadores de seguridad jurídica.
La planificación normativa implica fijar con antelación, de forma metódica y organizada, los términos en los que se va a ejercer la iniciativa normativa (tanto legislativa, como reglamentaria), para que así los poderes públicos puedan cumplir con aquéllos objetivos que requieren de la innovación, modificación o revisión del ordenamiento jurídico.
Las 368 propuestas normativas que componen el Plan Anual Normativo 2022 desarrollan el programa de Gobierno y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ejecutivo. Estas propuestas incluyen 92 leyes (11 orgánicas y 81 ordinarias) y 276 reales decretos. Casi cuatro de cada diez leyes (38,2%) desarrollan compromisos del PRTR. En total, 61 de los 368 proyectos están relacionados (un 16,57%).
El Plan Anual Normativo de Pedro Sánchez para 2022 incluye cuatro grandes bloques normativos:
1.- Transformación digital
- Reforma de la Ley de ciencia, para garantizar una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia del conocimiento y fomentar la investigación facilitando la coordinación con las CCAA y los trámites administrativos para nuevos proyectos.
- Reforma de la Ley de industria, que adapta el texto de 1992 a la realidad productiva y económica actual.
- Ley para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de 5G, que promoverá también la diversificación del mercado.
- Real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la startup de estudiantes, una herramienta pedagógica para que puedan realizar prácticas como si crearan su empresa realmente.
2.- Cohesión social y territorial
- Ley de vivienda, que regula las condiciones básicas para el disfrute del derecho a una vivienda digna, dotando a las administraciones públicas de instrumentos para contener la subida de precios y favorecer el acceso de los jóvenes.
- Ley para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que garantiza la homogeneidad de los servicios sanitarios en todo el territorio, establece la gestión pública directa como fórmula de gestión preferente y limita el establecimiento de nuevos copagos.
- Ley de servicios sociales, comprometida en el acuerdo de gobierno para garantizar una cartera mínima de servicios en todo el territorio.
- Real Decreto por el que se regula el sello de inclusión social, un distintivo público para empresas públicas y privadas que desarrollen actuaciones que contribuyan al tránsito de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad.
- Ley contra el racismo y otras formas de intolerancia.
- Ley del régimen de organización de los municipios de menor población y de mejora de las relaciones de colaboración de las administraciones públicas, para digitalizar y modernizar los municipios rurales y contribuir así a frenar la despoblación.
3.- Igualdad de género
- Reforma de la Ley de protección integral contra la violencia de género, para avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales y adecuarla al Pacto de Estado y a la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual.
- Ley de acción integral contra la trata de seres humanos y de protección de las víctimas, que abordará especialmente la trata con fines de explotación sexual.
- Modificación de la Ley de salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo, para promover y garantizar la igualdad plena, real y efectiva de las mujeres en el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la libre decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
- Transposición de la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores, que establece nuevos derechos sobre el permiso parental y de cuidadores.
4.- Transición ecológica
- Ley por la que se establecen las normas para la implantación en España del sistema de gestión de la política agrícola común.
- Ley de pesca sostenible e investigación pesquera, para impulsar la modernización del sector.
- Modificación de la Ley sobre energía nuclear, en relación con los terrenos contaminados radiológicamente.
- Transposición de la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
- Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos.
Otro bloque de normas se centrarán en la regeneración democrática, entre las que destacan la ley de prevención de intereses en el sector público y la reforma de la ley de transparencia para incorporar la regulación de las relaciones con los grupos de interés.
