En este momento, un ciudadano español que reside en su país se encuentra con que tiene al Gobierno de la nación en funciones, al Gobierno municipal en funciones, a la Comisión Europea en funciones, y, salvo que viva en Cataluña, País Vasco, Galicia o Andalucía, al Gobierno autonómico en funciones. El Parlamento español se acaba de constituir, pero todavía no lo ha hecho el Europeo, ni la mayoría de las asambleas autonómicas, ni las corporaciones municipales. Políticamente, estamos en unas situación de provisionalidad.
Esto se debe a que, por los avatares de la política, se han concentrado en un plazo menor de un mes los distintos desenlaces de un ciclo político que comenzó con las elecciones europeas en 2014, continuó con las andaluzas de marzo de 2015, las autonómicas y locales dos meses después, unas generales a finales del mismo año, otras en junio de 2016, comicios catalanes, andaluces, gallegos y vascos entre 2016 y 2017, y por fin, elecciones generales, autonómicas, locales y europeas entre abril y mayo de este año. Este ciclo ha venido aderezado con una crisis constitucional sin precedentes (la de Cataluña) y con la primera moción de censura exitosa. En estos cinco años la política española se ha hecho menos previsible y más inestable.
Es probable que en mucho tiempo no volvamos a la época de las certezas, cuando a un partido le sucedía otro en el poder y las alternativas eran escasas. Pero también es de desear que el país vaya haciéndose al nuevo multipartidismo y que los ciudadanos empiecen a exigir gobiernos de coalición y acuerdos sólidos que reflejen el pluralismo social y que puedan aportar estabilidad y llevar a cabo reformas. Esto es lo que se deduce, de hecho, del CIS que se acaba de publicar en relación con las preferencias postelectorales de los españoles.
En todo caso, la incertidumbre que ahora mismo vivimos con tantos gobiernos en situación interina no interesa a nadie. Es cierto que en un Estado de derecho avanzado la interinidad no tiene que implicar parálisis, ya que existe la suficiente seguridad jurídica para seguir desarrollando las actividades públicas y privadas normales. Pero aun así, la sociedad civil, las organizaciones y las empresas necesitan algo de certidumbre para hacer planes a medio y largo plazo.
La relación fluida que debe existir entre el sector privado y el público, por ejemplo, resulta más compleja cuando todo es provisional. Además, la incertidumbre puede conducir a frenar determinadas decisiones, que en ocasiones pueden implicar inversiones y creación de empleo. Imaginemos una empresa del sector de la movilidad que está pensando en implantar su negocio en Madrid. Para sus directivos las cosas pueden ser muy distintas si gobierna la ciudad Almeida o Carmena; si la Comunidad la dirige el PSOE o el PP; si Pedro Sánchez gobierna con Podemos o con Ciudadanos; y si la balanza europea se inclina más hacia la naciente alianza socioliberal entre Sánchez y Macron o hacia el lado popular que todavía comanda Angela Merkel. Todas estas instituciones están por decantarse (aunque no todas las opciones son igual de probables), y de cómo lo hagan dependerán decisiones importantes.
Si todo va como se espera, en tres o cuatro semanas se habrá levantado la bruma. Para entonces, es de esperar que el panorama sea otro y que afrontemos un periodo sin elecciones inminentes a la vista (salvo, tal vez, en Cataluña) y que la situación tienda a estabilizarse. El sistema político no volverá a la previsibilidad de antaño, la complejidad está aquí para quedarse. Pero que sea complejo no implica que sea indescifrable ni inaccesible. Sencillamente, es necesario acercarse a la política de una forma más profesional y experta. No basta con tener contactos, es necesario disponer de un mayor conocimiento e información para evaluar correctamente todas las opciones y tomar las decisiones adecuadas. Este es el gran reto para las organizaciones en el ciclo político que ahora comienza.
