El
Parlamento Europeo aprobó ayer, 26 de marzo de 2019, una de las directivas más polémicas de los últimos años:
la de los derechos de autor. Nadie dudaba de que era imprescindible una reforma, ya que la normativa en vigor databa de 2001, y desde entonces la revolución digital la había dejado obsoleta. Sin embargo, más allá de esta necesidad, la
polémica ha sido muy agria durante todo el tiempo de tramitación de la norma. Y se han producido alianzas inesperadas.
Por una parte teníamos a los medios de comunicación y a las asociaciones de creadores. Todos ellos reivindicaban la necesidad de proteger la propiedad de su trabajo en un tiempo en que es posible difundirlo de forma gratuita. Su queja era que, paradójicamente, nunca habían tenido más difusión ni menos ingresos: el dinero que generaban sus contenidos iba a las cuentas corrientes de otros. En general, la mayoría de los medios escritos y audiovisuales han cubierto el trámite parlamentario de forma favorable a la nueva regulación. Era de esperar, ya que confían en mejorar sus ingresos.
En el otro bando, las asociaciones de usuarios de internet se han aliado con notables influencers y con los gigantes de la red, en especial con Google. Esto es novedoso porque, en general, las asociaciones se han enfrentado a las compañías en otras batallas regulatorias. Sin embargo, en esta ocasión, sus posiciones han coincidido. Su principal argumento ha sido que la nueva regulación puede dificultar hasta el extremo la acción que caracteriza la red a día de hoy: compartir contenidos. Añaden que obligarán al desarrollo e implantación de sistemas de detección y filtrado que sólo estarán al alcance de las grandes empresas, lo que conducirá al oligopolio. Lo cierto es que, igual que los medios, tanto los influencers como las compañías tienen sus intereses económicos.
Que haya polémica e incluso cierta agresividad no debería preocuparnos, es lo propio de sociedades vivas y libres en las que se debate y en las que se usan medios legítimos para influir. Por ejemplo, los detractores de la nueva normativa han organizado manifestaciones por toda Europa que han sido masivas en Europa central, y en especial en Alemania. Como era de esperar, la movilización ha sido muy intensa en las redes sociales, en esta ocasión con menos limpieza, ya que se ha difundido alguna información distorsionada o abiertamente falsa. En cuanto se comunicó que la Eurocámara había aprobado la directiva, Artículo 13 se convirtió en trending topic, en alusión a uno de los apartados más discutidos de la normativa.
Todas las partes se han reunido con los eurodiputados y con cualquier cargo público o funcionario que tuviera capacidad de
influencia con el fin de explicar su postura. Esto es algo que no debería extrañar a nadie y que está perfectamente regulado en Bruselas. Por eso sorprende que algunos representantes se quejen de que les han hecho “
un lobby bestial”, una expresión poco afortunada. Va con el escaño la necesidad de escuchar y atender a la sociedad durante el proceso regulatorio, y después actuar en conciencia. De hecho, lo que tal vez sería deseable es que la disciplina de voto no fuera tan estricta y poderosa como es ahora y que los cargos dispusieran de más libertad. Recordemos que los escaños siempre son personales.
En todo caso, la cuestión del copyright no ha terminado. Los artículos de la polémica (el 15 y el 17, aunque se sigue hablando del 11 y del 13 por su numeración en los primeros borradores) no destacan por su redacción clara y afinada. Son suficientemente ambiguos como para permitir interpretaciones diferentes. Ahora, los parlamentos de los 27 Estados miembros de la Unión (dando por hecho que Reino Unido estará fuera en unas semanas) tienen un plazo de dos años para trasponer la directiva en sus legislaciones nacionales. La redacción ambigua dará cierto margen a los Estados para concretar la forma en que aplican los derechos de autor. Es posible que los tribunales terminen estableciendo la forma definitiva de la legislación.
Desde Estrategos estaremos pendientes del camino que a regulación de los derechos de autor tiene todavía por delante en España, que tendrá que abordarse en la próxima legislatura. Deberá caber dentro del marco que establece la directiva, pero los mecanismos concretos que se establezcan serán muy importantes. ¿Cómo abordará cada partido la cuestión? ¿En qué pondrán más énfasis? Son preguntas importantes para las que todavía no hay respuesta. No hay que descartar que continúe la movilización ni tendríamos que alarmarnos porque así sea. Tampoco porque las organizaciones, ya sean asociaciones o empresas, entren en contacto con los representantes y traten de influir o, al menos, de hacer saber sus preocupaciones. Esto forma parte de la normalidad democrática tanto como las elecciones.