El grupo de expertos designados por el Gobierno han entregado hoy a la ministra de Hacienda el Libro Blanco para la reforma fiscal y han hecho públicas sus conclusiones de propuestas para desarrollar una “fiscalidad del siglo XXI”. El documento consta de casi 600 folios y un total de 120 recomendaciones, pero no contiene propuestas cerradas ni ofrecimientos concretos y su carácter es no vinculante.
A partir de ese momento, el Ejecutivo será el encargado de estudiar el conjunto de medidas propuestas y, posteriormente, desarrollar la reforma para su aprobación en el Parlamento, que podría retrasarse más allá de 2023, que es lo que se contempla en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, si no se ha recuperado el crecimiento económico previo a la pandemia y en función de la actual crisis política y económica derivada de la guerra de Ucrania, que condicionarán la puesta en marcha de las medidas.
➡️Tras la entrega del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, el Gobierno debe estudiar el conjunto de medidas propuestas y desarrollar la reforma para su aprobación en el Parlamento.
➡️Esta podría retrasarse más allá de 2023 si no se recupera el crecimiento económico👇 pic.twitter.com/BdpGSNYO0H
— Estrategos (@EstrategosES) March 4, 2022
El mandato del Gobierno al comité de expertos fue profundizar en las diferentes figuras del sistema fiscal para acercar la tributación española a la media de la UE, con nuevas figuras tributarias con especial foco en la fiscalidad medioambiental e imposición societaria, tributación de la economía digitalizada, armonización de la tributación patrimonial y fiscalidad de las actividades económicas emergentes.
➡️El comité de expertos para la #reformafiscal presentó ayer el Libro Blanco sobre la reforma tributaria, en el que han trabajado durante 10 meses.
➡️Sus conclusiones respaldan el mantenimiento y parcial armonización de los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio 👇 pic.twitter.com/eFkCVDbnzL
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Finalmente, el Ministerio de Hacienda no descarta adelantar solo algunas medidas y apostar por aplicar ya, de forma más coordinada, la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición “mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades autónomas”, según ha manifestado recientemente la ministra Montero.
Éstas son algunas de las propuestas hechas por los expertos:
- IRPF: Recomiendan suprimir reducción por arrendamiento de vivienda y por tributación conjunta y transformar la reducción por obtención de rendimientos del trabajo en una deducción reembolsable en la cuota que permitiría integrar el IRPF y las prestaciones públicas para las personas con renta reducida. Los expertos abren la puerta a posible atribución de la condición de reembolsable al mínimo por descendientes para que este instrumento contribuya a la reducción de la pobreza infantil. El Comité recomienda que se estudie la propuesta de atribuir la condición de reembolsable al mínimo por descendientes menores de 18 años, si se quiere que este elemento del IRPF contribuya a la reducción de la pobreza infantil.
- Impuesto de Sociedades: el Comité concluye que en este momento no deben realizarse cambios en el tipo general de gravamen, centrándose su reforma en mejorar su diseño y en la ampliación de la base sujeta a gravamen.
- Igualar la fiscalidad de diesel y gasolina:Señalan una inadecuada actuación tributaria centrada en el reducido nivel de la accisa aplicada sobre el diésel en relación con la gasolina, que no refleja correctamente los costes externos de cada combustible y que aboga igualar.
- Fiscalidad de hidrocarburos: una subida sustancial de la tributación sobre el gas natural y los carburantes de automoción. El objetivo es generar reducciones significativas de emisiones contaminantes y de un importante aumento de la recaudación.
- Creación de un tributo municipal sobre la congestión en determinadas ciudades: variaría según el volumen de tráfico, en función de la localización y hora del día. Permitiría abordar los problemas de congestión y contaminación local de forma coste-eficiente.
- Bebidas azucaradas: se propone introducir un impuesto especial con un componente fijo que pudiera graduarse en función de las unidades físicas que generan el efecto dañino en la salud.