El pasado mes de octubre, coincidiendo con el día mundial de la obesidad, se hizo público un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que se proponían medidas para luchar contra el consumo de grasas y azúcares, entre ellas la de imponer a estos productos impuestos especiales. Estuvo en toda la prensa.
Aquel informe se hizo público en un contexto social, mediático e institucional en el que la atención y la cautela hacia los productos azucarados se ha incrementado notablemente.
De hecho ya hay en toda Europa regulaciones aprobadas, otras en elaboración y un sin número de iniciativas legislativas y reglamentarias en diferentes grados de evolución.
En países como España, dotados de un fuerte sistema sanitario público, los argumentos a favor del control de productos que podrían influir sobre la salud colectiva tienen una considerable legitimidad social que anima a las instituciones a tomar cartas en el asunto.
Andalucía tramita en estos momentos una ley pionera para fomentar una vida saludable y frenar la obesidad. Es la primera pero no será la última.
Otros sectores afectados por la regulación
El alcohol (con muchos matices según su graduación y arraigo social) los hidrocarburos, las energías renovables (muy afectadas por una cambiante política regulatoria pública), el transporte por carretera, el tratamiento y reciclaje de residuos, incluso el sector juguetero, son solo algunos segmentos económicos e industriales que enfrentan con más o menos asiduidad e intensidad escenarios de regulación creciente, tanto hacia su composición, etiquetado, canales de venta, etc.
El tabaco es sin duda el producto que ha sido sometido a un control más intenso y detallado y justamente la experiencia que durante años adquirieron las administraciones de todo el mundo hasta llegar a su actual hiperregulación facilita, de hecho, que actualmente se puedan impulsar con relativa facilidad y rapidez controles gubernamentales dirigidos a otros sectores
Inteligencia e información serán clave
Pocas cosas hay más complicadas de manejar en los negocios que la incertidumbre, intrínseca a cualquier actividad empresarial, pero susceptible de reducirse mediante una estrategia de inteligencia e información.
Cuando el sector o la empresa son parte de un sector regulado normalmente este paso ya se ha dado y, con más o menos intensidad y fortuna, se trabaja en inteligencia institucional o public affairs, pero es justamente en los sectores que se enfrentan a una posible regulación a medio plazo, donde la diferencia entre disponer o no de información puede marcar la diferencia entre anticiparse o darse de bruces con alguna desagradable sorpresa que, de un día para otro, tire por tierra largas y laboriosas estrategias comerciales o de negocio. Rebelarse en privado, o incluso públicamente, contra una actitud administrativa que nos resulta dañosa es tan legítimo como inútil, cuando no contraproducente.
Unidades de inteligencia para minimizar daños
Las empresas que actúan con inteligencia prefieren disponer de vías de información permanentes que testen, analicen los movimientos legislativos en marcha y anticipen las consecuencias que pudieran afectar a sus productos, su sector o su propia empresa.
Todos los responsables empresariales saben bien que mantenerse en la competitividad obliga a moverse en un espacio muy estrecho, a menudo casi agobiante. Un espacio que, por si fuese poco, se desplaza a menudo con la evolución del mercado y de la competencia. Pues bien, la regulación y el control público también puede provocar cambios dramáticos en los sectores.
Por eso conviene siempre tener un ojo puesto en los public affairs si no se quiere tener que adaptarse a última hora, deprisa y corriendo y, peor aún, detrás de tu competencia. Fuera de los cumpleaños, las sorpresas no acostumbran a ser divertidas.
Autor: Carlos Gorostiza
