- Poder ejecutivo en España
- Poder legislativo en España
- Poder judicial en España
- Separación de poderes en España
- Poderes públicos en la Constitución Española
- Artículo 1 de la Constitución Española
- Artículo 9 de la Constitución Española
- Artículo 66 de la Constitución Española
- Preguntas frecuentes sobre poderes públicos
Poder ejecutivo en España
Funciones del poder ejecutivo
El Gobierno está compuesto por el presidente, los vicepresidentes (si los hay) y los ministros. El presidente, designado por el rey tras obtener la confianza del Congreso de los Diputados, dirige y coordina las acciones del Gobierno. Los ministros son nombrados por el presidente.
El Gobierno tiene responsabilidades en la dirección de la política interior y exterior, la administración civil y militar, así como la defensa del Estado. Además, ejerce funciones ejecutivas y reglamentarias de acuerdo con la Constitución y las leyes. La iniciativa legislativa se realiza a través de Proyectos de Ley en el Consejo de Ministros, y en situaciones urgentes, el Gobierno puede dictar Reales Decretos-leyes, que deben ser sometidos a debate en el Congreso.
El Gobierno responde ante el Congreso de los Diputados y está sujeto a procedimientos de control parlamentario. Puede cesar después de elecciones generales, pérdida de confianza parlamentaria, dimisión o fallecimiento del presidente. Durante el periodo de funciones, el presidente no puede disolver las Cámaras, convocar referéndums ni plantear cuestiones de confianza.
El Consejo de Estado actúa como órgano consultivo supremo del Gobierno, emitiendo dictámenes sobre asuntos sometidos a su consulta, ya sea de manera obligatoria o facultativa.
¿Quién ejerce el poder ejecutivo?
El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones del resto de sus miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de cada uno de ellos en la gestión de sus departamentos ministeriales.
Los órganos colegiados del Gobierno son el Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno.
Poder legislativo en España
Funciones del poder legislativo
En España, el poder legislativo está a cargo de las Cortes Generales, que representan al pueblo español y supervisan las acciones del Gobierno. Las Cortes Generales se componen de dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado.
El Congreso es el primero en examinar todos los proyectos y proposiciones de ley. El Senado tiene el derecho de veto o enmienda sobre el texto elaborado por el Congreso y, después de un nuevo examen, el Congreso toma la decisión final. Además, el Congreso otorga la investidura al presidente del Gobierno y puede provocar su dimisión a través de una moción de censura o al negar la confianza solicitada por el Gobierno.
Funciones del poder ejecutivo:
- Dirigir la política interior.
- Dirigir la política exterior.
- Dirigir la administración civil.
- Dirigir la administración militar y la defensa del Estado.
- Ejercer la potestad reglamentaria
¿Quién ejerce el poder legislativo?
El Congreso de los Diputados está formado por 350 diputados elegidos mediante sufragio universal cada cuatro años.
El Senado actúa como la Cámara de representación territorial y está compuesto por 265 senadores, de los cuales 208 son elegidos por sufragio universal directo y 57 son designados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo, cargo que ocupa en 2014 Ángel Gabilondo, es el alto comisionado de las Cortes Generales para garantizar la defensa y protección de los derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años.
Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y de la actividad económico-financiera del sector público. También le corresponde el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. La actual presidenta del Tribunal de Cuentas es, desde el 22 de noviembre de 2021, Enriqueta Chicano Jávega.
Poder judicial en España
Funciones del poder judicial
La dirección del Poder Judicial está a cargo del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos.
La función de impartir justicia, es decir, juzgar y ejecutar lo juzgado, es exclusiva de los Juzgados y Tribunales que están determinados por leyes y tratados internacionales.
El Tribunal Supremo es la instancia jurisdiccional más elevada en el Estado, excepto en lo relacionado con las garantías constitucionales, que es competencia del Tribunal Constitucional.
Quién ejerce el poder judicial
La administración de justicia proviene del pueblo y recae en jueces y magistrados del Poder Judicial, quienes actúan en nombre del rey. Estos profesionales son independientes, no pueden ser destituidos sin causa justificada, son responsables de sus acciones y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes.
Separación de poderes en España
Explicación de la separación de poderes
España es una monarquía parlamentaria basada en la «soberanía nacional, la división de poderes y un sistema parlamentario».
La separación de poderes en España se organiza de acuerdo con la Constitución de 1978. La estructura de separación de poderes se distribuye en tres ramas principales: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
La Constitución establece una serie de mecanismos de control y equilibrio entre estos poderes para garantizar que ninguno de ellos concentre un poder excesivo y para asegurar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Importancia de la separación de poderes
La separación de poderes es un principio fundamental en la organización de un Estado y desempeña un papel crucial en la preservación de la libertad, la justicia y el equilibrio en un sistema democrático.
- Control del Poder: Evita la concentración excesiva de poder en manos de un solo individuo o institución, lo que podría llevar a abusos y violaciones de los derechos ciudadanos.
- Prevención de Abusos: Al dividir el poder entre ramas independientes, se establece un sistema de control y equilibrio que previene posibles abusos y arbitrariedades por parte de cualquier rama del gobierno.
- Protección de Derechos Individuales: La separación de poderes contribuye a proteger los derechos individuales y las libertades civiles al evitar que una sola entidad tenga un control absoluto y sin restricciones.
- Garantía de Justicia: Permite que el poder judicial actúe de manera independiente, asegurando una administración imparcial y justa de la justicia, sin influencias políticas indebidas.
- Fortalece el Estado de Derecho al establecer un marco legal y constitucional que rige la conducta de los ciudadanos y del gobierno, asegurando que todos estén sujetos a la ley.
Poderes públicos en la Constitución Española
Artículo 1 de la Constitución Española
- España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
- La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Artículo 9 de la Constitución Española
- Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
- Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
- La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 66 de la Constitución Española
- Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
- Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
- Las Cortes Generales son inviolables.
Preguntas frecuentes sobre poderes públicos
¿Quién ejerce cada poder en España?
El Rey, el Presidente del Gobierno y el Gobierno en su conjunto ejercen el Poder Ejecutivo; las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) ejercen el Poder Legislativo; y los jueces y magistrados, bajo la dirección del Consejo General del Poder Judicial, ejercen el Poder Judicial.
¿Qué dice el artículo 102 de la Constitución Española?
El artículo 102 de la Constitución Española establece la figura del Defensor del Pueblo como un órgano encargado de la defensa y protección de los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos. En su primer párrafo, se establece que el Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales y ejercerá sus funciones con independencia y neutralidad. Este órgano tiene la misión de supervisar la actividad de la administración pública, investigar las quejas y reclamaciones de los ciudadanos y velar por la legalidad y la justicia en la actuación de los poderes públicos.
En el segundo párrafo, se especifica que el Defensor del Pueblo será designado por un periodo de cinco años y podrá ser reelegido. Además, se establece la posibilidad de destituir al Defensor del Pueblo antes del término de su mandato por las Cortes Generales, en caso de incumplimiento grave de sus funciones o mala conducta. Esta disposición busca garantizar la responsabilidad y la integridad en el ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo.
En el tercer párrafo, se destaca que el Defensor del Pueblo presentará anualmente un informe de su actividad ante las Cortes Generales y podrá dirigirse a ellas en cualquier momento. Esta obligación de rendir cuentas refuerza la transparencia y la supervisión parlamentaria sobre las actuaciones del Defensor del Pueblo, asegurando así una mayor responsabilidad en el desempeño de sus funciones. En conjunto, el artículo 102 busca establecer un mecanismo efectivo para la protección de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos por parte de la administración pública.
¿Qué dice el artículo 9 de la Constitución Española?
El artículo 9 de la Constitución Española establece los principios rectores fundamentales que rigen la política social y económica, así como los valores esenciales del ordenamiento jurídico en España. En primer lugar, subraya la sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, estableciendo así la primacía de estas normas. En segundo lugar, destaca la responsabilidad de los poderes públicos en la promoción de condiciones que hagan efectivas la libertad e igualdad de los individuos y grupos sociales, instando a eliminar obstáculos y facilitar la participación ciudadana en diversos ámbitos de la vida.
En su tercer párrafo, el artículo 9 aborda principios clave, como la garantía de la legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras, seguridad jurídica y la prohibición de arbitrariedades por parte de los poderes públicos. Además, destaca la vinculación de ciertos derechos específicos a todos los poderes públicos, estableciendo que solo por ley se podrá regular el ejercicio de tales derechos, respetando siempre su contenido esencial. También se menciona la limitación del uso de la informática para proteger el honor, la intimidad y otros derechos fundamentales de los ciudadanos. En resumen, el artículo 9 sienta las bases para la acción de los poderes públicos, estableciendo principios fundamentales que deben regir su actuación en consonancia con los valores y derechos consagrados en la Constitución.
