Si os gusta la serie de ficción The Big Bang Theory seguro que sois conscientes de lo mucho que le gustan a Sheldon los contratos. Cualquier relación personal puede ser excusa para redactar esas cláusulas que le dan tranquilidad a Sheldon a la hora de relacionarse con las personas.
Ese personaje me vino a la cabeza ayer cuando el Pleno del Congreso aprobó la propuesta del Partido Popular para modificar el Reglamento del Congreso con la que se pretende regular la actividad lobista. Esto junto con el hecho de que hace unas semanas se aprobó la iniciativa de Ciudadanos, de una Proposición de Ley Integral Contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, en la que se ha incluido un título expreso para la regulación del lobby (Título IV), parece indicar que por fin la Cámara se ha decidido a regular la relación con los grupos de interés.
Los lobistas llevan años reclamando una medida así. No es un contrato como el de Sheldon, pero es un marco normativo, unas reglas de juego que permitan el desempeño profesional de esta actividad con las máximas garantías de transparencia y en coherencia con las nuevas demandas ciudadanas.
Unas reglas para una relación sana entre los parlamentarios y las empresas, ONG’s y demás grupos de interés. Esa es la línea, reconocer y legitimar al lobby como una actividad que permite la participación de la sociedad civil en el proceso democrático.
El lobby quiere sumarse a la tendencia de la transparencia radical de Daniel Goleman. El sector quiere (y desde Estrategos queremos) registros públicos obligatorios, códigos de conductas fundamentados en la ética y la honestidad, una definición clara de la figura del lobista que ayude a deshacerse de la estigmatización que arrastra la palabra lobby en España y a configurar una nueva percepción más positiva, como figura normalizada en una democracia más madura.
Los lobistas piden la regulación de su actividad. Quieren garantías, derechos y obligaciones. Demandan una legitimidad basada en la publicidad, la transparencia, la ética y la honestidad.
Son conscientes de que hacen falta mecanismos de control. Consideran que los ciudadanos tienen derecho a saber con quién se reúnen sus representantes y cómo conforman sus opiniones los legisladores.
Falta mucho por hacer, pero por fin se están dando los primeros pasos. Se está marcando el futuro del lobby en España como una actividad reconocida y legitimada, un instrumento de participación ciudadana y de regeneración del sistema democrático.
