Tras casi dos años de parálisis política en España ha arrancado el primer Gobierno progresista de coalición. El escenario político no deja de ser novedoso, y no solo por la entente entre dos partidos políticos, sino por la llegada al Consejo de Ministros de las voces políticas del 15 M. No debemos olvidar que la coalición progresista arranca tras una larga lucha entre el PSOE y Podemos por el liderazgo y el relato de la izquierda. Las carteras ministeriales del equipo de Pablo Iglesias tienen un peso limitado en comparación con el poder que albergan sus homólogos socialistas. Han pactado consensos y los disensos pero un Ejecutivo estable precisa de algo más que un contrato. Precisa de lealtad y confianza. La duda será si Pablo Iglesias será capaz de mantener su voz diluida o gestionará a golpe de medidas populares y mediáticas. Este escenario nos conduce, en consecuencia, a una legislatura que se prevé inestable y compleja por la fragmentación y la difícil aritmética parlamentaria para lograr consensos.
¿ESTABLE Y LARGA?
Es la gran y primera incógnita que suscita el Ejecutivo. El nuevo Gobierno está empeñado en que la gobernabilidad del país dure. Así lo indica, por ejemplo, la creación de una Oficina en la estructura de Moncloa con el objetivo de pensar ‘estructuralmente’ en los posibles retos y oportunidades demográficos, económicos, sociales …que España tendrá que afrontar a medio y corto plazo. Sin embargo, aún con esta declaración de intenciones, la duración de la legislatura es imprevisible porque depende de diversos factores, algunos de ellos fuera del alcance del Gobierno. La prioridad para Sánchez pasa por aprobar los Presupuestos Generales Estado, PGE, ya pactados en el acuerdo de investidura con alguno de sus socios. Sacar adelante las cuentas del Estado proporcionaría al Ejecutivo una estabilidad mínima de dos años y reduciría la presión de la Comisión Europea, con la que también se deben establecer acuerdos en línea a mantener esa confianza y evitar una posible intromisión de orientación restrictiva en las cuentas. El rigor presupuestario exigido por la UE será otro foco de tensión interna en el Gobierno. Sánchez tratará de convencer a Europa de que una mayor recaudación por las nuevas medidas fiscales permitirá incrementar el gasto. De hecho, los nombramientos de Calviño y Escrivá y el enfoque económico que pretende dar al Ministerio de Asuntos Exteriores son guiños en aras a esa estrategia. Sin embargo, la exigencias europeas de contención del déficit pueden ser el escudo perfecto para que contenga las exigencias de sus socios, apelando a los compromisos de España como socio de la Unión. Un primer paso será, sin duda, encarar la tramitación de un “techo de gasto” cuya aprobación se prevé fácil tras ese consenso ya pactado con sus socios en el Senado.
Cataluña seguirá marcando la agenda política. El conflicto político en Cataluña seguirá siendo prioritario y con una intensidad mediática alta. El desarrollo real de la mesa de negociación, la continua pugna por el liderazgo independentista entre JxCAT y ERC, el posible adelanto electoral en la Comunidad Autónoma, la situación de los presos y las maniobras de Puigdemont en Bruselas serán claves para la durabilidad del Ejecutivo. Estaremos ante una gestión ‘quid pro quo’ clásica: la facilitación del gobierno de España a cambio del futuro gobierno en Cataluña para ERC con apoyo del PSC y Podemos y los Comunes marcará la agenda política.
DIFICULTAD PARA LEGISLAR
La polarización de los bloques políticos ha terminado con la llave de la gobernabilidad en manos de partidos nacionalistas y ahora independentistas que tienen un interés alto en darle estabilidad frente a un futurible gobierno de derechas. Dentro de la amalgama de partidos, resaltar la competitividad que tendrá el PNV con EH Bildu por demostrar en Euskadi su influencia en Madrid. Sin mayorías claras, nos encontramos en un escenario de dificultad para legislar y aprobar nuevas leyes, será imprescindible una negociación multilateral continua. El gobierno tendrá un margen de maniobra exiguo y, más allá de su prioridad ya declarada en política social, se prevé que tratará de obligar al resto de partidos a posicionarse con propuestas que tengan el apoyo de amplios sectores de la población.
En el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos se recoge con especial hincapié la derogación de buena parte de la reforma laboral, se incluyen subidas impositivas, como el IRPF o la fijación de un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades para grandes empresas y la generación de nuevos impuestos vinculados a la fiscalidad medioambiental, las empresas digitales o las transacciones financieras. La clave será la capacidad del Gobierno para poder introducir estos cambios impositivos y afrontar la ampliación del gasto previsible. La clave económica será la que marque la solidez de este nuevo acuerdo pero también, como decíamos, se leerá en clave de confianza y de lucha por el liderazgo de la izquierda.
