La batalla por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) parecía decisiva para el futuro inmediato del Gobierno y, por extensión, del país. El Gobierno ha dado a entender que si no lograba que el Congreso aprobara las cuentas públicas, se podrían convocar elecciones pronto. ¿Por qué? ¿Es que acaso no se puede gobernar sin PGE?
La respuesta corta es que sí se puede. Como es sabido, los Presupuestos recogen los ingresos previstos del Estado y su procedencia, así como el gasto previsto y su destino. Son una herramienta valiosísima para un Gobierno porque le permite aprobar en una sola ley un gran número de herramientas fiscales destinadas a cumplir su programa electoral. Pero, incluso sin PGE, el Ejecutivo tendría cierto margen para llevar a cabo sus políticas públicas. ¿De qué manera?
- La legislación permite realizar transferencias presupuestarias de una partida a otra sin necesidad de que lo apruebe el Parlamento, de modo que el Gobierno podría priorizar unas áreas sobre otras en función de sus objetivos.
- El Gobierno podría aprobar emisiones de deuda, aunque para esto necesitaría llevar al Congreso un Real Decreto Ley en el que se estableciera a el destino de los nuevos fondos.
- Sometido a ciertas circunstancias y limitaciones, podría recurrir a la figura de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, que también deberían aprobarse por Real Decreto Ley y convalidarse después en la Cámara Baja.
- Igualmente limitado está el uso de los fondos de contingencia, reservados para casos excepcionales debidamente justificados.
Estas opciones permiten un margen de maniobra limitado, en especial a la hora de obtener recursos financieros (recordemos además que la emisión de nueva deuda pública podría chocar con los objetivos fiscales acordados con la Unión Europea). El Gobierno mantiene la posibilidad de establecer nuevos tributos, y de hecho sigue trabajando en algunos como las llamadas tasa Tobin y tasa Google. Éstas sí podrían ser fuentes de financiación alternativas que le permitieran poner en práctica sus políticas. Pero en este caso hay un problema adicional: la mesa del Congreso.
La ley obliga a que los nuevos tributos se aprueben mediante proyecto de ley, no es posible hacerlo por decreto. Y se da la circunstancia de que en esta legislatura, PP y Ciudadanos tienen mayoría en la mesa del Congreso. Esto les da la posibilidad de marcar los plazos para los debates y votaciones. Dicho de otro modo: si lo desean, podrían dilatar la tramitación de las nuevas tasas, y en una legislatura tan incierta, tal vez impedir que lleguen a votarse. El Gobierno de Pedro Sánchez necesitaría pactar con la oposición, algo que a día de hoy se antoja muy difícil. Más allá del clima político, PP y Ciudadanos no están a favor de crear nuevas tasas ni impuestos.
Teniendo todo esto en cuenta, el presidente Sánchez podría decidir igualmente seguir adelante con la legislatura. Tendría que renunciar al grueso de su agenda social y centrarse en políticas de calado simbólico, entrar en las llamadas guerras culturales. Podría aprobar leyes que necesitan escasa o nula dotación económica pero que le permitirían mostrar a sus votantes que no es lo mismo que gobierne el PSOE que otras formaciones.
La dificultad para sacar adelante su agenda social y económica podría ser aprovechada por sus rivales políticos (a derecha e izquierda) en cualquiera de las próximas citas electorales. En respuesta, el PSOE podría acusar a la oposición de filibusterismo y reclamar una mayoría parlamentaria más amplia que le deje manos libres. ¿Funcionaría? Sería una novedad, porque de quien ha asumido responsabilidades de gobierno los votantes suelen esperar resultados. Los partidos que han estado en el poder exhiben sus logros para alcanzar la reelección. El mensaje de “intenté gobernar pero no me dejaron” sugiere debilidad o incapacidad, y evocaría la pregunta: “entonces, ¿por qué no convocaste elecciones antes?”
Visto así, se entiende el capital político que el Gobierno ha arriesgado para sacar adelante los presupuestos. Sin duda, se juega mucho. Contaba con que a ninguno de sus principales aliados de la moción de censura les interesan unas elecciones generales inmediatas: ni a los partidos catalanes (porque podrían encontrarse con un gobierno más hostil a sus exigencias) ni a Podemos (por sus perspectivas electorales). Sin embargo, los primeros han decidido votar en contra y han provocado la derrota del Gobierno. Ahora, Pedro Sánchez tiene que decidir si continúa adelante con la legislatura, con todas las limitaciones que hemos mencionado o si convoca elecciones para una fecha próxima. La pregunta que tiene que responder es: ¿es de esperar que, con la limitación de no contar con sus propios PGE, tenga mejores perspectivas electorales dentro de, pongamos, un año que en dos meses? La respuesta decidirá la fecha de las generales.
